Gobiernos estatales y municipales de México acordaron una ruta común para reducir requisitos, homologar procesos y digitalizar trámites mediante un Catálogo Único de Trámites. La primera etapa contempla 400 gestiones: 300 estatales y 100 municipales, con alcance en las 32 entidades federativas.
La medida importa porque la simplificación administrativa no solo modifica la relación entre ciudadanía y gobierno; también cambia la forma en que las empresas deben preparar sus operaciones. Menos pasos presenciales y mayor interoperabilidad pueden acelerar permisos, registros y servicios, pero exigen sistemas capaces de organizar información, atender solicitudes y mantener trazabilidad.
El acuerdo se presentó durante el Encuentro Nacional de Autoridades Locales de Simplificación y Digitalización, realizado del 18 al 21 de agosto. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones señaló que el pacto establece una hoja común para homologar y digitalizar trámites y servicios con la participación de estados y municipios.
El problema: procesos fragmentados y cargas administrativas
Durante años, una misma gestión podía requerir requisitos distintos, plazos variables y canales separados dependiendo de la entidad o el municipio. El nuevo modelo busca corregir esa fragmentación mediante estándares nacionales para unificar requisitos, procesos y tiempos de resolución.
La estrategia también pretende evitar que los municipios con menor infraestructura queden fuera de la transformación digital. Para ello, contempla acompañamiento técnico, formación y evaluación continua por parte de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
La evidencia: un ecosistema público compartido
El modelo se apoya en tres componentes. El primero es la homologación de trámites y servicios; el segundo, la compartición de tecnología pública mediante un portafolio nacional y un repositorio de código fuente; el tercero, el desarrollo de capacidades para que las autoridades puedan implementar y mantener las soluciones.
La plataforma oficial de simplificación identifica como meta la integración de 300 trámites estatales y 100 municipales al catálogo único. También reporta modelos nacionales para áreas como Registro Civil, Catastro y Registro Público de la Propiedad, con reducciones documentadas en trámites, requisitos y tiempos para algunos procedimientos.
“Detrás de cada trámite existe el ejercicio de un derecho y el acceso a bienes y servicios que inciden en la vida de las personas y sus familias, como salud, educación, empleo, financiamiento, certeza jurídica y propiedad”.
La declaración de José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, coloca el proyecto más allá de la eficiencia operativa: la simplificación busca facilitar el acceso a derechos y servicios que impactan tanto a personas como a empresas.
Qué significa para las empresas
La expansión de los trámites digitales eleva las expectativas sobre rapidez, continuidad y disponibilidad. Las empresas que todavía operan con canales aislados pueden enfrentar dificultades para responder a clientes, proveedores o autoridades si no cuentan con información centralizada y procesos medibles.
- Identificar procesos que dependan de registros, permisos o servicios públicos y priorizar aquellos con mayor impacto operativo.
- Centralizar conversaciones y solicitudes para conservar historial, asignar responsables y dar seguimiento a cada caso.
- Establecer indicadores de tiempo de respuesta, resolución, errores y calidad de datos antes de ampliar una automatización.
- Reforzar controles de acceso y gobernanza de datos para conectar sistemas sin comprometer la privacidad ni el cumplimiento.
En Onix Board ofrecemos un ecosistema para acompañar esta transición con automatización conversacional multicanal, bandeja de entrada unificada, gestión de tiendas en línea, generación de contenido asistida por inteligencia artificial y paneles analíticos por flujo, canal e intención. Estas capacidades permiten comenzar con procesos concretos y medir resultados antes de escalar.
La simplificación pública no elimina por sí sola los retos de interoperabilidad, autenticación y calidad de información. Su impacto dependerá de que las instituciones cumplan los estándares y de que las organizaciones adapten sus procesos internos para operar en un entorno donde los servicios digitales sean más comunes, comparables y trazables.
Para las empresas mexicanas, el siguiente paso consiste en convertir la digitalización administrativa en capacidad operativa: menos tareas repetitivas, mejor seguimiento y decisiones basadas en datos. Una evaluación inicial de procesos y un piloto controlado pueden ayudar a identificar dónde la automatización genera beneficios verificables.